Las vidas de Elena y Javier se unieron a miles de kilómetros de distancia de sus lugares de nacimiento. Originarios de Rumanía, ella, y de Rusia, él, fueron a encontrase en una localidad del este de Madrid, donde les llevó su aspiración de vivir una vida mejor. Elena llegó a España en septiembre de 2002. No sabía una palabra de español, no tenía un lugar donde alojarse y tuvo que pedir prestados los 500 euros que le reclamaban para entrar con un visado de turista —«esa cantidad no la conseguía ni en cinco años sin comer», afirma—; pero, aun así, se arriesgó. Poco después consiguió trabajo como empleada del hogar interna. Tenía contrato y estaba empadronada, por lo que solicitó el permiso de residencia. Le fue denegado.
Javier, que llegó a España en el año 2000 tras haber emigrado a Canadá, ha corrido peor suerte ya que, al no tener papeles, no le contratan en ningún sitio, explica. Sólo ha conseguido empleo estable en una cuadrilla de albañiles, que dirige otro inmigrante rumano, primo de su ex mujer.
Ahora, la pareja, que comparte piso con otras familias de Rumanía, tiene depositadas todas sus esperanzas en el proceso de regularización que va a abrir el Gobierno. Esperan que esta vía se convierta, al fin, en su camino hacia la estabilidad en España. Un país en el que, aseguran, quieren envejece
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